Después de la intervención de 15 asambleístas, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, cerró el primer debate del proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público.
Las exposiciones estuvieron enfocadas a la necesidad enfrentar la desigualdad y la discriminación en los servidores públicos; operativizar las enmiendas constitucionales; crear un solo régimen laboral en el sector; y, garantizar los derechos a la organización y a la huelga.
El asambleísta Fausto Cayambe destacó que la enmienda constitucional prevé un solo régimen laboral en el sector público. “Estamos en un nuevo momento de la historia del servicio público” dijo, al recordar que de los 624 mil servidores públicos solo 113 mil 172 tienen la calidad de obreros y, consecuentemente, tenían derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.
En este primer informe se incorporan esos derechos de modo que los 624 mil servidores puedan tener libertad de organización, enfatizó.
Liuba Cuesta comentó que la eliminación de las desigualdades entre obreros y servidores del Estado es conveniente para los intereses nacionales. “Resultan inadmisibles e injustificables las diferencias conceptuales y normativas que rigen sus relaciones laborales”, expresó.
