Tal como estaba previsto, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y los 4 Vocales fueron cesados en sus funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la tarde de este lunes.
En base a sus atribuciones legales, el Consejo de participación Ciudadana y Control Social, resuelve: Art. 1 Cesar en funciones y dar por terminado el período constitucional de los Vocales del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, Nestor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Jiménez Vanegas y Alejandro Subía Sandoval; art 2. Se notifica a los vocales, Art 3, disponer que se continúe la investigación de todas las denuncias presentadas en la evaluación al Consejo de la Judicatura a través de la Coordinación Técnica Transparencia y Lucha contra la corrupción.
Los motivos
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, indica que respecto del proceso de selección de jueces, las irregularidades han sido encontradas en 1) designación de fiscales en donde se eligió a autoridades sin perjuicio de las calificaciones efectuadas en los concursos.
Ocurren irregularidades similares, especialmente en la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, se omitió evaluar a los jueces y se implementaron mecanismos de selección e incumplimiento de garantías de participación ciudadana.
Todas estas irregularidades tuvieron como consecuencia la afectación a instituciones encargadas del control del ejercicio del poder público, con lo cual se permitió que funcionarios que no debían ser designados, ejerzan funciones como administración de justicia, investigación e inicio de acciones penales.
El Pleno determina que la selección de funcionarios judiciales a cargo del Consejo de la Judicatura no se efectuó de forma transparente ni basándose en los méritos de los postulantes, sino con la intención de favorecer intereses particulares.
El proceso de evaluación de la Judicatura a los funcionarios fue irregular, hay casos de jueces que encontrándose en flagrantes actos de corrupción obtuvieron altas calificaciones.
Sobre las sanciones a jueces, cualquier resolución de la Judicatura resulta ilegítima, pues vulneró el derecho al debido proceso, además se violó el principio de independencia judicial básico en un estado de derecho.
El Consejo de la Judicatura restringió el acceso a la información, impidió la fiscalización de los ciudadanos.
El Pleno encuentra que existió un incumplimiento de funciones por todos los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes permitieron de forma sistemática que sus vinculaciones con las demás funciones del Estado interfieran en la función judicial.
