El asambleísta Yofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y los ciudadanos Steven T., Jenny R. y José G. recibieron una condena de un año y cuatro meses de prisión en calidad de cómplices por paralización de servicios públicos.
Esta es la sentencia que dictó el conjuez nacional David Jacho, la tarde de este 8 de noviembre, en la Corte Nacional de Justicia, luego de que se reinstalara la audiencia de juicio directo.
A decir del Conjuez, los sentenciados paralizaron un servicio público y se tomaron a la fuerza una instalación pública (EP Petroecuador). Además mencionó que estas personas actuaron con conciencia y voluntad.
Para su resolución, tomó en cuenta varias circunstancias agravantes, como ejecutar la infracción aprovechándose de concentraciones masivas y cometer el delito con la participación de dos o más personas.
Como reparación inmaterial, dispuso que cada sentenciado pague seis mil dólares a la víctima: Petroecuador.
También ordenó la publicación de la sentencia en un periódico local y en uno nacional a costa de los condenados. Asimismo, deberán pedir disculpas públicas en el parque central de Lago Agrio por los actos ejecutados el pasado 7 de octubre.
La audiencia de juicio directo
Con treintaiún pruebas –entre testimoniales y documentales– presentadas por el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, se demostró que el pasado 7 de octubre, los nueve ciudadanos ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, y obligaron a tres técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).
La interrupción se habría dado entre las 18:06 y las 20:25. Es decir, dos horas y diecinueve minutos, impidiendo el bombeo de 31.286 barriles de petróleo, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por más de 1’700.000 dólares.
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