La situación del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, está complicada a raíz de que se conoció que tenía un carné de discapacidad con un grado de 81%, algo que no se evidencia en su actividad.
Esto llevó a que 5 de los 7 miembros de ese organismo le pidieran la renuncia a su cargo y a que enfrente con licencia las investigaciones de la Fiscalía, de la Asamblea y del mismo Concejo en temas relacionados a las irregularidades de su carné de discapacidad.
La consejera María Fernanda Rivadeneira exhibió documentos con los que demostraría que Cruz se había beneficiado de puntos en el concurso para integrar el Consejo con su carné de discapacidad.
El Presidente del Consejo se habría beneficiado de exoneración de impuestos y que pese a su discapacidad visual y auditiva del 81% tiene una licencia profesional de conducir.
Cruz no acogerá el pedido de renuncia por inconstitucional, ilegal e improcedente, violenta los derechos de la ciudadanía y toda norma jurídica, según ha dicho.
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