Carlos Pareja Yanuzzelli, exgerente de Petroecuador, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, ratificó la existencia de una estructura organizada de corrupción en el sector petrolero, dirigido desde el Ejecutivo, que sometía a organismos de control como la Fiscalía, Contraloría General del Estado, el Comité de Deuda Externa, Ministerio de Finanzas, entre otras carteras, hecho que redundó en la pérdida de más de 5.000 millones de dólares para el país.
Pareja Yanuzzelli, quien cumple siete sentencias por diversos delitos en un centro de privación de libertad, aseguró que, en agosto de 2008, dirigió una carta al Mandatario de la época, alertándole de las prácticas irregulares en las contrataciones petroleras que generaban pérdidas mensuales de nueve millones de dólares, pero no se tomaron acciones.
Igualmente, remitió información al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, para que inicie las correspondientes investigaciones, pero tampoco tuvo respuesta. Por eso, insistió, no podía existir una estructura de delincuencia organizada con la venia de las entidades de control.
Recordó que durante la administración de Carlos Pólit como contralor general del Estado hubo una estructura que desvanecía las glosas en contra de empresas que no cumplían los términos de los contratos. Así como para establecer las glosas se requieren informes técnicos y una serie de procedimientos administrativos, también se efectuaban los informes para desvanecer dichas glosas, explicó.
El exfuncionario de la estatal petrolera agregó que, en su momento, entregó documentación al expresidente Lenín Moreno para que tomara los correctivos, así como al titular de la Legislatura, César Litardo, quien tampoco remitió la información a alguna de las comisiones especializadas para que realice las correspondientes investigaciones.
Subrayó que hay responsables directos por las pérdidas económicas por las contrataciones petroleras, por la contratación de deuda con China, con una garantía soberana ilegal, pero también hay otros exfuncionarios responsables por omisión, ya que conocían de estas prácticas y no hicieron nada para contrarrestarlas, ni para sancionarlas.
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