En la audiencia preparatoria de juicio de este viernes 24 de julio, en la Unidad Judicial Valdivia, Fiscalía presentó dictamen acusatorio contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez. Z., y otras seis personas, por participar presuntamente en el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de 45 elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre estos, las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras.
En su intervención, el representante de Fiscalía citó fechas de las supuestas reuniones sostenidas por los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos Tuárez. Z. era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.
Según Fiscalía, en estas reuniones participaban otros miembros de la organización, liderada presuntamente por José Carlos, quien junto a la ya sentenciada, Renata J. R. acordaba los puestos a ofertar e indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual, presuntamente, solicitaban porcentajes de los montos de contratación.
Antes de esta audiencia, doce procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento para postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.
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