Entre el 2014 y el 2016, la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL negoció bonos de deuda pública sin respaldo por 532 millones de dólares. Esta operación se realizó con la empresa Decevale con la cual se negociaron bonos por 327 millones de dólares.
En el 2014 también se hizo inversiones por 205 millones de dólares con otra empresa que negoció los bonos; ambas compañías están domiciliadas en Panamá y su representante legal es Jorge Chérres Miño.
Las garantías de las transacciones no llegaron a la ISSPOL, sino a la empresa Decevale que se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al seguro policial, hasta el momento le debe 100 millones dólares.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que recibieron de la empresa DECEVALE evasivas, cambios de opinión, luego deja de responder.
Consideró que de acuerdo a lo sucedido ya configura una estafa y se deberán definir responsabilidades, en eso hay un primer nivel de funcionarios del ISSPOL, un segundo nivel en el mercado de valores, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones y un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control, del ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
DECEVALE fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se busca conocer si tiene respaldo de las transacciones realizadas y si puede responder por los 532 millones invertidos.
La Policía Nacional garantiza los servicios de la Seguridad Social a los miembros policiales.
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