Henry Cucalón, ministro de Gobierno, expuso las acciones que se han emprendido desde su despacho en torno a la explotación minera en la comunidad de Buenos Aires, Imbabura; explotación petrolera por parte de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, S.A.; el asesinato del líder amazónico Eduardo Mendúa y el femicidio de Maribel Castillo, en Azuay.
El funcionario se solidarizó con los afectados por la minería ilegal en Buenos Aires e indicó que ha dispuesto a los ministerios competentes una investigación, para identificar a las personas causantes de los altercados en la zona, que han perjudicado a la comunidad y que no permiten la ejecución de las actividades de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., ya que tiene autorización desde hace 5 años. Añadió que la empresa es titular de derechos mineros desde el 20 de noviembre de 2017 y que se encuentra inscrita en el registro minero del Ministerio de Energía y Minas.
Recordó que el conflicto se generó por la presencia de la minería ilegal desde el año 2017, con prácticas antitécnicas que motivaron la presentación de un amparo administrativo, ante la Agencia de Control Minero, Arcom, que ordenó el desalojo de la minería ilegal, sin resultados.
Informó que frente a los problemas que se presentaron han tomado acciones de mitigación, se impulsaron mesas de diálogo, para convocar a la paz y la reanudación del proceso minero de la empresa Hanrine y operativos policiales para garantizar la seguridad y frenar la minería ilegal.
La asambleísta Cristina Jara increpó al ministro por la presencia de la fuerza pública en la comunidad, mientras que Paola Cabezas dijo que “indiscutiblemente hay una priorización de la fuerza pública para cuidar intereses de empresas externas y no de la comunidad”. Fernanda Astudillo, por su lado, reclamó la presencia de los militares para custodiar a una empresa extranjera mientras el país sufre los efectos de la inseguridad.
Con relación al femicidio de Maribel Castillo, indicó que el Ministerio de Gobierno gestionó acciones de articulación entre la Gobernación del Azuay, Dinased, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Fiscalía para la búsqueda de la víctima y dar acompañamiento a la familia.
Sobre el asesinato del líder amazónico Eduardo Mendúa, dijo que las acciones tomadas desde el Ministerio de Gobierno se enfocaron en promover el diálogo antes y después del hecho. Al momento, el caso está en manos de la justicia, pero el Gobierno se mantiene atento a que se aclare quienes son los responsables del delito, añadió.
De su lado, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, manifestó que la explotación minera ilegal en la comunidad de Buenos Aires es un problema de política pública criminal y que, al estar cercano a la frontera, se relaciona con la delincuencia transnacional.
El funcionario detalló las acciones en el ámbito administrativo y disciplinario, así como la sanción a una servidora judicial por el trámite de la acción de protección propuesta por la empresa Hanrine.
Así mismo aseveró que por el asesinato de Eduardo Mendúa hay personas privadas de la libertad. Denunció que para efectos de intimidación, se han ingresado al programa de testigos protegidos, lo que pone en riesgo a quienes han denunciado ser víctimas de actos delincuenciales.
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