La Comisión Ocasional Multipartidista encargada de investigar los hechos relacionados con las manifestaciones sucedidas en Ecuador, en octubre pasado, avanzó en la recopilación de las versiones de los diferentes actores. En esta ocasión, los testimonios fueron de María Paula Romo, ministra de Gobierno; María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia; Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodista, así como de otros actores sociales.
La primera en intervenir fue la ministra Romo y señaló que es la más interesada en que los hechos se transparenten subrayó que fueron varios los componentes de esta crisis. Lo más complejo, a su criterio, fue la violencia organizada y la guerra informativa.
“El 12 de octubre fue el de mayor conflicto y violencia en el Ecuador. Ese día estaba planificado el golpe de Estado. Por eso la violencia cambia, grupos violentos organizados secuestran policías y atacan medios de comunicación”, aseguró la ministra
Cifras
La autoridad informó que 1.200 personas fueron retenidas: 286 por ataques y resistencias, 35 casos de terrorismo; 24 por asociación ilícita; y, 8 por tenencia de armas. Además, 1.500 fueron atendidas en el sistema de salud; 9 personas fallecidas (dos están siendo investigados por causas violentas). “La cuenta más grande es la fractura social que queda en el Ecuador”, concluyó la ministra.
Respeto al derecho
Por su parte, María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, indicó que el ejercicio de la protesta pública, en sí mismo, no es malo; sólo cuando excede ciertos límites y, en ese contexto, al Estado le corresponde tomar ciertas medidas.
Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, reconoció el legítimo derecho a la protesta consagrado en la Constitución. No obstante, señaló que los hechos suscitados en el ágora de la Casa de la Cultura evidenciaron una retención de periodistas, lo que vulnera el Pacto de San José, la Carta Interamericana de los Derechos humanos y la Declaración sobre el derecho a la libertad de Expresión adoptada por la CIDH.
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