El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior coordinarán un mecanismo de seguimiento que permita ejecutar de forma efectiva las órdenes de detención o comparecencia dictadas en contra de personas involucradas en delitos sexuales, contra la propiedad y otros casos penales.
Así lo anunciaron el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y el viceministro del Interior, Diego Fuentes. Ellos participaron en una reunión que la Mesa de Justicia mantuvo este 22 de febrero, en Quito.
Hace pocos días, el doctor Jalkh informó que si bien los tribunales penales del país tienen excelentes resultados en su trabajo, existen casos cuyo juzgamiento está suspendido porque la detención de los involucrados, a cargo de la Policía, no se ejecuta.
En esa ocasión, el titular del CJ, indicó que son 527 procesados que no han sido capturados y que es necesario recordar a los funcionarios policiales la obligación que tienen de colaborar con la justicia, tal como lo establece el artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esa normativa indica que “la o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.
La información relacionada con estos casos fue entregada al Ministerio del Interior para que se tomen las medidas pertinentes y no se detengan los procesos penales por falta de comparecencia.