Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, mostró su preocupación sobre el tema presupuestario. Dijo que son 115 millones de dólares mensuales y anualizados alrededor de 1 300 millones, los que están asociados al presupuesto destinado a los contratos ocasionales, que incluye el total de beneficios sociales, la remuneración, el décimo tercero, el décimo cuarto, el fondo de reserva y la afiliación a la Seguridad Social, que engrosaría el gasto corriente.
Tras solicitar que se considere esta cifra para efecto de planificación presupuestaria, explicó que del total de servidores públicos, que son 480 mil 475, están regidos por el Código de Trabajo 40 mil 177, ocasionales 80 mil 557, con nombramiento permanente 276 mil 214 y con nombramiento provisional 83 mil 527.
Planteó que se incluya una excepcionalidad con respecto a los programas de inversión, y que sea el Ministerio de Trabajo el ente regulador que verifique si se trata de un programa de inversión que amerita la contratación de los servicios ocasionales. Con ello, dijo, se lograrían los dos objetivos. El primero, impedir que se finja una figura que no es y el segundo, evitar que se incurra en gasto corriente un costo que no corresponde como tal.
Por su parte, el viceministro Carlos Arce habló de los registros de los contratos de servicios ocasionales que constan en esa cartera de Estado. Informó que la Función Ejecutiva abarca un total de 421 mil 495 servidores públicos.
También mostró una evolución de los contratos de los servicios ocasionales frente a los nombramientos permanentes. Explicó que, hasta el 2016, tanto los nombramientos provisionales como los contratos de servicios ocasionales tuvieron un comportamiento direccionado a la baja del uno y a la subida del otro. Argumentó que existió un proceso en el cual a la mayoría de los contratos de servicios ocasionales se les otorgó un nombramiento provisional.
Informó que hasta mayo de 2017, asociados al presupuesto destinado a cada uno de los servidores públicos y con contratos de servicios ocasionales, hay cerca de 80 mil servidores públicos.
