Durante los últimos cuatro años, en Ecuador, se lograron 100.247 acuerdos a través de la mediación. Esto significa un 11% de descongestión del sistema judicial y un ahorro de más de 27 millones de dólares en recursos del Estado.
Desde 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ) impulsó el Sistema Nacional de Mediación y por ello, implementó 136 oficinas a nivel nacional, en 112 cantones de 24 provincias.
Esto ha permitido que la ciudadanía cada vez más acuda a la mediación como una herramienta eficaz para solucionar sus conflictos, sin llegar a un juicio y lograr acuerdos mediante el diálogo.
A escala nacional, la Función Judicial cuenta con 140 mediadores que cumplen las funciones de facilitadores y que, bajo criterios de imparcialidad, ayudan a los ciudadanos a resolver problemas que tienen relación con temas como: pensiones alimenticias; cobro de deudas; demarcación de linderos; incumplimiento de contratos; asuntos de inquilinato; conflictos laborales; entre otros.
De enero a agosto de 2017, se atendieron 37 971 casos en mediación. De estos, 22 143 (58 %) se instalaron en audiencia y de ellos, 19 955 (90 %) alcanzaron acuerdos. Los procesos con mayor demanda corresponden a las materias de Familia y Civil.
Procedimiento
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada puede solicitar una mediación. Para ello debe llenar un formulario que será entregado por el personal de las oficinas de mediación del CJ. La solicitud tiene que ir acompañada de una copia de la cédula de identidad y de la documentación habilitante, dependiendo del caso.
La mediación no es aplicable en casos de violencia intrafamiliar; estado civil (divorcio, casamiento); procesos que se refieran a bienes de dominio público (parques públicos, bienes con prohibición de enajenar); asuntos tributarios; derechos irrenunciables; infracciones penales; y, temas constitucionales.
Ventajas
A través de la mediación, se ahorra tiempo, dinero y se logran beneficios para ambas partes, que por sus propios derechos, plantean soluciones y compromisos amparados en la ley.
El proceso es voluntario, confidencial y flexible. Los acuerdos a los que se llegue son incorporados en un acta que tiene la misma validez de una sentencia judicial.
