Según el ex alcalde de Ibarra, Marco Almeida Vinueza (1984-1988) en una investigación documentada que ha realizado sobre el litigio que mantiene la familia Morejón con la Municipalidad de la ciudad, señaló que hay omisiones cometidas en las administraciones municipales de 1988 hasta el 2.019, porque en 1987, en su alcaldía, se celebró un convenio por el cual el señor Jorge Morejón, entregó legal y voluntariamente 2 hectáreas para la ampliación de las avenidas, entre ellas la Eleodoro Ayala, a cambio, el Municipio se comprometió a construirlas, “lo que demuestra que nunca hubo confiscación”.
Recordó a Expectativa que en 1992, luego de una inútil invasión y expropiación, se celebró un confuso contrato de ocupación de áreas y ejecución de obras, con omisión del convenio firmado en 1987 y omisión de requisitos obligatorios como planos, presupuesto y definición del área a ejecutarse, por lo tanto en 1992, era un convenio inejecutable.
En el año 2.003, el sr. Morejón acusa al GAD de Ibarra de Confiscación e Incumplimiento, en el 2.006, el Tribunal Contencioso Administrativo, con definitiva sentencia obliga al GAD a cancelar 10 millones de dólares; “siendo que por justicia no debe pagar porque el sr. Morejón ya es beneficiario de una enorme plusvalía en 15 hectáreas de terreno que le quedan, dijo Almeida.
Sostuvo en un documento que publica en su red social, que han pasado 27 años con 7 alcaldes y concejales que no fiscalizaron dichas omisiones y hoy no se percatan que el GAD de Ibarra, perderá adicionalmente: 8 millones de dólares de daños y perjuicios por la mora de pagar 10 millones; 3’500.000 por daño emergente en la expropiación para el nuevo mercado Amazonas, cuya previa invasión y uso arbitrario del suelo determinó una sentencia con castigo de al menos 100 dólares por cada metro cuadrado; 7 millones de dólares por la apropiación de 46.700m2 cometida por el sr. Morejón, relacionadas con las siguientes áreas municipales: área verde de 25.700 m2 no incluida en la urbanización Morejón; cauce del río Ajaví de 8.000 m2 vendidos como lotes; área verde de 5.000 m2 de la Urbanización Selva Alegre usada para almacenes; parque Pilanquí de 8.000 m2 entregado por el BEV. Mencionó que es un perjuicio total de 28’500.000 dólares que el GAD pagaría con dinero o dimitiendo bienes
“Los concejales o ciudadanía deben transparentar estas omisiones a fin de fundamentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, para anular este inaudito juicio, la Constitución lo faculta cuando existen omisiones, sentencia ejecutoriada y lesión de derechos”, subrayó Marco Almeida Vinueza.
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