La economía popular y solidaria tiene una base normativa sólida

Desde 2013, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha desarrollado funciones de asesoría normativa; tarea que busca la eficiencia de las actividades de supervisión y desarrollo del sector.
A través de la emisión de normas hemos procurado impulsar el control interno (administrativo, financiero y contable) de las organizaciones de la economía popular y solidaria; así como, fortalecer la gestión de riesgo; regular los procesos de supervisión, fusión y liquidación, que han aportado en la prevención de lavados de activos y financiamiento de delitos, señala en un comunicado la SEPS.
En este sentido, las normas aprobadas reconocen la heterogeneidad del sector y establecen un tratamiento diferenciado según la segmentación de las entidades. La economía popular y solidaria demanda de muchas estrategias para su crecimiento y consolidación, pero ha sido fundamental el desarrollo normativo durante nuestra gestión: suman 107 normas de regulación y control emitidas desde 2013, de ellas 22 se elaboraron en 2016.
Entre ellas existieron propuestas de regulación realizadas por la SEPS, que fueron emitidas por la Junta de Política Monetaria y Financiera, y por la Superintendencia, en el ámbito de sus acciones de control.

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