La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió este lunes, 19 de octubre, los argumentos de cargo de los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, solicitantes del juicio político contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno. Ratificaron que hubo incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019.
En primer lugar intervino Roberto Gómez, quien subrayó que el juicio, más allá de tener como hechos que configuran el incumplimiento de funciones lo ocurrido con las acciones para el mantenimiento del orden público durante el paro del año anterior, incluye también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país.
Añadió que las acusaciones se enmarcan en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que la señora Ministra justifica por ser lo que tenían a la mano, pues según informes técnicos esos dispositivos resultan letales, en esas condiciones; la obstaculización de tareas humanitarias, entre ellas la represión a un predio universitario donde había mujeres, niños (bebés), ancianos y demás personas vulnerables; la falta de garantías de seguridad para los periodistas.
“No estamos juzgando a una persona, sino a una funcionaria que en nombre del Estado actuó de manera inadecuada, faltando a su deber de protección de la seguridad ciudadana”, enfatizó.
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