La Contraloría en un segundo informe sobre la deuda pública determinó que hubo irregularidades en las entregas de préstamos del Banco Central al Ministerio de Finanzas.
Según la entidad de control, las anomalías se advierten en las operaciones de entrega de certificados llamados CETES por parte del gobierno al Banco Central suman más de 2.300 millones.
El lunes 9 de julio de 2018, el contralor general del Estado, Dr. Pablo Celi, mantuvo una reunión de trabajo con los ciudadanos que conformaron la veeduría del examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, cuyo informe fue aprobado en abril de este año.
Durante esta actividad, el Contralor expuso los resultados del examen especial al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (CETES), cuyo informe fue aprobado el pasado 4 de julio. La auditoría se efectuó en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
Los hallazgos se resumen de la siguiente manera:
– Los CETES se colocaron por plazos mayores a los permitidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP (menos de 360 días).
– Los Certificados fueron entregados como instrumentos de dación de pago, lo que se contrapone al objetivo de estas operaciones, que deben efectuarse para obtener recursos para financiar deficiencias en la caja fiscal. Además, por su naturaleza, los CETES no son considerados deuda pública, por lo que no pudieron utilizarse para cubrir deuda, incrementando las obligaciones con entidades públicas y privadas.
– Las modificaciones en las Escrituras Públicas de Emisión de los CETES permitieron que puedan ser entregados como instrumentos de canje por otros títulos valores emitidos por el Banco Central del Ecuador, en contraposición a lo dispuesto en la legislación vigente.
Además, como resultado de este examen, el 4 de julio se aprobó y envió a la Fiscalía General del Estado el informe con indicios de responsabilidad penal No. DNA3-0015-2018, sustentado en el perjuicio a los recursos públicos que sufrió el Estado ecuatoriano por los montos señalados en el informe general.
