El Presidente de la República, Rafael Correa suscribió el decreto ejecutivo 1369, en el que se establece un único artículo: “Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y ex vicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año o seis meses, respectivamente.
Con esta norma se reformó el decreto 418, emitido en el 2010, en el que no se contempla dar seguridad estatal a los “exmandatarios”, así tampoco se fijan plazos para brindar esa protección que está a cargo del Servicio de Protección Presidencial, integrado por personal de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Según la norma, es “necesario hacer este ajuste al sistema integral de la Presidencia, que garantice la protección y resguardo de los primeros mandatarios, bajo el criterio de que su seguridad es un objetivo estratégico del Estado”.
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