Representantes de varias instituciones del país oficializaron ante la Corte Constitucional el pedido de Consulta Popular de Iniciativa Ciudadana, propuesta que se basa en el planteamiento del abogado Jaime Nebot inició, hace más de un año, la coordinación de esta consulta popular impulsada por gremios y colectivos productivos y sociales del Ecuador.
Las preguntas
1. Creación de un delito que sanciona la violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, para que se imponga una pena de hasta 50 años de reclusión.
2. Los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores y los artesanos tendrán créditos baratos que no superarán el 60 % de los intereses establecidos para otros créditos de dichos sectores.
3. A los pequeños productores se les dará gratuitamente el acceso a la tecnología para hacer más productivas sus actividades
4. Creación de un delito que sanciona con prisión de 1 a 3 años a quienes de manera habitual a través de prácticas dolosas, atente contra el comercio justo, perjudicando a los pequeños productores de productos perecibles agrícolas, acuícolas, pesqueros y ganaderos
5. Se prohíbe al BIESS, al ISSFA y al ISSPOL ( o la institución que los reemplace en esas atribuciones, incluido el IESS) que inviertan directa o indirectamente, sus recursos en cualquier título valor ( papeles, bonos, certificados y notas del tesoro, mutuos o cualquier otro tipo de documento negociable presente o futuro ) que emitan instituciones que conformen o sean propiedad del Sector Público Ecuatoriano
6. Se obliga al IESS y al BIESS que informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web, e individualmente a todos los afiliados, el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen.
7. Se obliga al BIESS a contratar de manera permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para calificar el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras de los aportantes
8. Se exigen las mejores prácticas ambientales disponibles como requisito indispensable para autorizar y desarrollar proyectos hidrocarburíferos y mineros, a fin de que el País prospere con una política sostenible y sustentable y, con equilibrio entre la protección ambiental y la factibilidad económica.
9. Las rentas que por Constitución y por Ley corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales) ya no podrán ser retenidas arbitrariamente por el Gobierno Central, pues, en síntesis, el Banco Central del Ecuador actuará como custodio reteniéndolas para entregarlas directamente a estas instituciones cada mes.
10. Será suprimido el mecanismo injusto de cobrar el IVA y no devolverlo a Universidades Públicas y Particulares, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales) e instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, la Cruz Roja Ecuatoriana, Fe y Alegría y la Fundación Oswaldo Loor ( Portoviejo ). Sólamente se emitirá una declaración (registro) para los efectos tributarios correspondientes.
11. Para evitar la aprobación de Presupuestos Generales del Estado desfinanciados, con ingresos sobrevalorados y egresos subvaluados, tanto permanentes como no permanentes, se exigirá que ambos rubros sean debida y suficientemente fundamentados.
12. Se promoverán nuevos emprendimientos y se fortalecerán los existentes creando y regulando fuentes de financiamiento a través de fondos de capital de riesgo, asegurando que la sociedad receptora de la inversión se mantenga en manos del socio o socios que hayan concebido el emprendimiento.
Entregada la Consulta Popular a la Corte Constitucional, esta tiene 20 días hábiles para emitir su dictamen. Posterior a esto se acudirá al Consejo Nacional Electoral a retirar los documentos pertinentes para iniciar la recolección de firmas. (Se require el 5% del padrón electoral que es 13,261,994 votantes, es decir 663,100 firmas)
