El incendio ocurrido en el sector de Guápulo, la tarde del 24 de septiembre, causó conmoción a escala nacional debido a su magnitud y a las consecuencias que soporta la población de Quito. Hasta la fecha, los equipos de emergencias continúan luchando para liquidar el flagelo.
Por este hecho, la Fiscalía General del Estado procesa a Dylan Alberto A., para quien solicitó prisión preventiva durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. La Jueza del caso aceptó el pedido, basada en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo a la teoría fiscal, el procesado habría iniciado el incendio que destruyó parte del cerro Auqui, en la zona de Guápulo, cerca de la Av. Simón Bolívar.
Según la denuncia de una vecina del implicado –que es parte de los elementos de convicción–, cerca del mediodía del 24 de septiembre, ella vio cómo Dylan Alberto A. quemaba desechos orgánicos afuera de su casa.
La mujer le pidió que no lo hiciera, pues podría provocar un incendio, pero el muchacho le hizo un ademán con las manos para que no lo reprendiera, dijo la Fiscal en la audiencia. Minutos más tarde, las llamas alcanzaron la vegetación seca, extendiéndose por el cerro.
El procesado habló en la audiencia, explicando que no tuvo nada que ver con el flagelo, tratando de desmentir la denuncia. Pero los elementos de convicción presentados por la Fiscal llevaron a presumir que sí participó en el hecho.
Uno de ellos es la pericia química que se practicó a una sustancia que estaba en un recipiente que encontraron en la casa de Dylan Alberto A. La experticia reveló que se trataba de gasolina.
Asimismo, Fiscalía citó el informe de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos. El documento determinó que el área de origen del flagelo es en el predio donde reside el procesado, ubicado en el barrio El Cebollar, cerca de la Av. De los Conquistadores.
En su resolución, la Jueza señaló que el incendio no solo causó conmoción en la ciudadanía, sino que también provocó daños personales, materiales y afectó gravemente a la flora y fauna de la zona.
Debido a la gravedad de los hechos –y con el fin de garantizar la comparecencia del procesado en la audiencia de juicio, programada para el 17 de octubre de 2024‒, se le dictó prisión preventiva. La causa se tramitará mediante un procedimiento directo, con una instrucción fiscal de veinte días.