Una investigación de la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, en medio del paro nacional, conllevó al bloqueo de las cuentas bancarias de 58 personas, entre ellas, tres autoridades de la provincia de Imbabura que pertenecen al Movimiento Revolución Ciudadana.
Se trata del prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paulina Vercoutere y la alcaldesa de Otavalo Anabel Hermosa.
Las prefecturas de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Cañar, también con autoridades electas por el correísmo, emitieron un comunicado conjunto para expresar su rechazo a esta situación.
Las autoridades provinciales califican que está ocurriendo una persecución política y judicial, y que se está atentando contra la institucionalidad democrática. (Fuente Ecuavisa)
