Ruth Palacios, fiscal General (e), inició su intervención con un homenaje a Diana, Martha, Juliana y a cada una de las mujeres que han sufrido violencia en el país. Extendió la solidaridad a sus familiares. Ecuador del siglo XXI tiene la obligación de establecer una base ética para la constitución de un Estado de paz, dijo, al formular un llamado para que la ciudadanía no haga justicia por su propia mano, sino que permita a la Fiscalía cumplir su función.
Pidió a la Asamblea Nacional dé trámite urgente a tres proyectos de ley que establecen mecanismos para luchar contra la delincuencia, entre ellos, la de Extinción de Dominio; Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y de Actuación Integral en Casos de Personas Desaparecidas.
Mencionó que la Fiscalía planteará a la comunidad internacional analizar el Tratado Regional Contra la Impunidad, con lo cual apoyará el accionar latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad.
Trabajo realizado
En 2018, Fiscalía recibió 347.819 noticias de delito que fueron atendidas por 840 fiscales, a nivel nacional. Los delitos más recurrentes son: robo, con 78.507 casos anuales y violencia contra la mujer, con 66.506.
La Fiscalía no persigue personas, sino delitos, aclaró. Mencionó algunos procesos de investigación como el secuestro a Balda, tráfico de influencias en contra de Sofía Espín, delito de peculado contra el Secretario del Agua y cuatro funcionarios de la Secretaría de Comunicación; así como de las ex asambleístas María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo, quienes enfrentan procesos penales por presunta concusión.
Continúan los avances en procesos asociados a redes de corrupción generadas por Odebrecht, así como en Petroecuador; y, denuncias de cobros indebidos en la Legislatura, que desembocó en investigaciones por varios delitos en contra de 19 asambleístas, algunos de ellos ya no están en funciones, dijo.
En cuanto a delincuencia organizada, la institución impulsó 27 investigaciones previas y procesó a 104 personas por terrorismo, delincuencia, tráfico de armas, secuestro, entre otros, de los cuales 40 ciudadanos ya tienen sentencia.
