“Se ha pretendido hacer creer históricamente que la entrega del diez por ciento de comisión por parte de los constructores a quien administra un territorio es legítima, sin embargo, constituye una ilegalidad y delito que se lo conoce como coima o cohecho”, aseguró, Fausto Giraldo, analista político y social.
En valores reales, si una obra tiene un valor de 2.5 millones, solo el diez por ciento de comisión, son doscientos cincuenta mil dólares que va a parar a los bolsillos de los políticos corruptos, en estos casos se dice que hoy se solicita hasta el 25% de comisión y de entrega anticipada, manifestó.
Dijo que este comportamiento corrupto impide que las ciudades, provincias y el país tengan obras que necesita la gente, por ello impera la necesidad que como ciudadanos reflexionemos a la hora de elegir a quienes nos gobiernan, que se analice su pasado y su conducta y adicionalmente que se genere una legislación que sancione realmente a estos atracadores de los fondos públicos que son recursos del pueblo.
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