Como 30S o 30-S1 se conoce a una «crisis de seguridad» que inició como una revuelta policial contra una ley salarial, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que fue calificada por el ex presidente Rafael Correa como un acto planificado intento de golpe de Estado en su contra.
Varios periodistas, analistas políticos, otros gobiernos de la región y varios organismos internacionales utilizan la misma calificación o identifican matizadamente la revuelta como un “intento de desestabilización”.
Desde la oposición al gobierno y de varios periodistas y analistas políticos, quienes tienden a describirlo como un motín fortuito que incrementó su conflictividad por la acción del mismo presidente ecuatoriano y que a continuación el relato oficialista de una supuesta conspiración golpista ha sido usado mediáticamente para justificar la persecución política a críticos del gobierno ecuatoriano.
Aparente secuestro. Intento de magnicidio e intento de golpe de estado según grupos afines al oficialismo. La oposición y grupos no afines lo describen como un reclamo que se salió de control por el manejo indebido de la situación por parte de las autoridades del poder ejecutivo.
