En principio el gobierno le quitó el edificio a la Corte Constitucional, pero a última hora se arrepintió.
El Ministerio de Energía que ha sido dueño del edificio de la Corte Constitucional, emitió un oficio al titular de ese organismo en donde la da el plazo de un mes improrrogable para que proceda con el desalojo del edificio.
Con esta acción, el Ministerio en mención da por terminado de forma unilateral y anticipada un convenio firmado en el gobierno de Lenin Moreno que entregó a la Corte Constitucional por tres años, en el 2022 el presidente Guillermo Lasso extendió ese convenio hasta el 2027. La decisión de desalojo no tuvo efecto, porque el gobierno dio marcha atrás. Estas acciones se producen en medio de la pugna que existe entre el ejecutivo y la Corte Constitucional.
