En el marco del primer debate, los legisladores se pronunciaron, de manera mayoritaria, por el respaldo al proyecto de enmienda constitucional, con dictamen favorable de procedimiento de la Corte Constitucional, que trasladaría la atribución de designar autoridades de control a la Asamblea Nacional. Actualmente, por mandanto legal, esta facultad le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Según dijeron, el propósito es garantizar la transparencia, probidad, especialidad, méritos, equidad de género, inclusión, así como la veeduría e impugnación ciudadana en la designación de autoridades. Con ello, la Función Legislativa pasaría a nombrar, con mayoría absoluta, las autoridades del Consejo de la Judicatura; Fiscal, Contralor y Procurador General del Estado; superintendentes, así como Defensor Público y Defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional que trata las enmiendas, al referirse a los antecedentes, subrayó que el tema tiene relación directa con la institucionalidad y la seguridad jurídica. Subrayó que en el transcurso de los años se ha podido evidenciar que no hay ninguna garantía y tranquilidad en la designación de autoridades, existiendo debilidades en el sistema y en los mecanismos de designación que han puesto en riesgo, no solo esa atribución, sino que han cuestionado severamente la existencia del Cpccs.
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