La Corporación de Gobiernos y Comunidades del cantón Otavalo, en carta dirigida al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalk, le hacen saber que en la Unidad Judicial Civil de la ciudad, la jueza que tramita una demanda de un ciudadano que dio un aval de un crédito, dispuso el embargo de la casa de habitación de Oswaldo Cacoango Morán.
Igualmente en el caso de María Magdalena Oña y cónyuge, se les remata su casa de parte de la Cooperativa Atuntaqui, mediante un trámite sin citaciones judiciales y sin posibilidades de defensa de los demandados, a quienes se les deja en la más absoluta indefensión, se les ha rematado el inmueble y se ha dispuesto el desalojo con la fuerza pública.
La organización indígena denuncia que en algunos de estos casos, en las reliquidaciones de los créditos, nunca se tomó en cuenta el monto de los encajes bancarios, de manera que se abultaron las sumas de dinero correspondientes a capitales e intereses, a pesar de ello, se remató sus bienes.
Otros casos
Segundo Cepeda y Josefina Males Morales, pese a que ellos habían cancelado 4 mil dólares de 6 mil dólares de un crédito otorgado por la Cooperativa Indígenas Chuchuquí, se les demanda por un título de pagaré a la orden, en donde solamente debe firmar que promete incondicionalmente a favor del acreedor a pagar la suma prestada, sin embargo, este proceso ha seguido su marcha hasta dictarse la sentencia de orden judicial y efectuarse el remate.
En el caso de José Gustavo Velásquez Males y Ana Lucía Quinche Tituaña, en igual forma se les gana el proceso mediante una citación realizada en un domicilio ajeno a los demandados, luego se les remata su casa de habitación.
La Corporación de Gobiernos y Comunidades del cantón Otavalo, consideran que estos casos afectan a la tranquilidad y economía familiar de algunos hogares de indígenas otavaleños que han perdido sus patrimonios por esta mala práctica procesal que constituyen errores inexcusables.