La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutére, recordó que el Cootad en una resolución del 21 de enero del 2014, dispuso a los GAD provinciales la extinción de los patronatos, hecho que no se hizo efectivo en 8 años, es decir en la administración del ex prefecto Pablo Jurado.
Citó también la Ordenanza del funcionamiento del organismo, a la que calificó como caduca, considerando que establece que la o el cónyuge del prefecto o prefecta ejercerá la presidencia del Patronato, norma que, según dijo, reproduce roles de género, sin comprender la visión de derechos humanos para la implementación de la política social.
Con la nueva propuesta de crear la Dirección de Género y Derechos Humanos, en reemplazo del Patronato, los servicios van a seguir prestándose. Contamos con equipos de valor, esos bienes no podemos permitir que sigan sin operación. Ahora se va a planificar y coordinar de manera efectiva con los cabildos y comunidades con el objetivo de llegar a la población rural donde hay deficiencia con respecto a la atención del Estado” dijo.
Enfatizó que la optimización de recursos para ser invertidos en la ciudadanía, con un enfoque de derechos humanos y la prevención de violencia de género, configuran el cambio que se proyecta en la creación de dicha dirección, que tendrá una orientación de desarrollo, bajo tres ejes fundamentales: Warmi Imbabura; Hampi Imbabura – Salud; y, Wambra / Kuitza Imbabura – Juventud, con una perspectiva plurinacional para llegar a todo el territorio. “Esa es la visión dirigida a cumplir lo que exige la modernidad, la Constitución de la República, los planes de desarrollo y la globalidad”.
Con respecto a la liquidación de Imbavial, el prefecto Richard Calderón recalcó que la empresa muestra una pérdida declarada por la anterior administración en el balance de abril de 2023 de 435.182 dólares.
El margen operacional al límite de apenas el 3 por ciento la vuelve demasiado vulnerable. No se han cumplido las proyecciones de ingresos, sobre las que basan las decisiones de operación, lo cual provocó la toma de decisiones equívocas. Existe un incremento de 42 por ciento en un solo año en gastos de personal, pasando a casi un millón de dólares. El índice de endeudamiento de 84 por ciento indica que la empresa es inviable “Esta decisión no es política, esto es técnico. Se ha hecho un análisis en el ámbito legal, con los respaldos necesarios, reflexionando que no se puede subsidiar a una empresa ineficiente”, remarcó.
