Por Raúl Chávez
El principio de “todos somos iguales ante la ley y no discriminación” es fundamental para una sociedad justa y equitativa.
Implica que todas las personas, independientemente de sus características individuales o sociales, deben ser tratadas con el mismo respeto y recibir las mismas oportunidades ante la ley.
La igualdad ante la ley no es solo un concepto legal, sino también un valor social que promueve la justicia y la cohesión social. Implica que las leyes deben ser aplicadas de manera imparcial y que las instituciones deben garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y a los servicios públicos en igualdad de condiciones.
Esto significa que no debe haber privilegios ni discriminación en el acceso a participar en el ámbito de la vida pública.
Los partidos y movimientos políticos, deben superar ciertos caudillismos o a los “dueños” de los mismos, evitar que se repita el continuismo “a dedo”, como en la mayoría de partidos y movimientos políticos, claros ejemplos tenemos de candidatos que sin haber sido forjados en las “luchas sociales”, sin formación política, sin madurez ideológica, se han convertido como “dignos representantes” del pueblo, y en el alza manos del caudillo.
Fomentar la inclusión de jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades es necesario, y la participación ciudadana en el ámbito público.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la participación y la no discriminación, así como promover el respeto y la valoración de la diversidad.
En ese sentido, la reforma al Código de la democracia, es bienvenida, siempre y cuando se respete la igualdad ante la ley y la no discriminación que son pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa.
Al promover estos valores, podemos construir un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir con dignidad, y cumplir con el mandato constitucional de elegir y ser elegido….
