Entre el 15 de septiembre y el 06 de octubre de 2025, Fundamedios ha documentado 31 agresiones a periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Los incidentes incluyen ataques físicos, censura, hostigamiento estatal y restricciones al derecho de asociación, evidenciando un patrón de vulneraciones a derechos fundamentales en medio de la protesta social.

El paro nacional se inició el 22 de septiembre, aunque días antes ya se registraban plantones y manifestaciones convocadas por gremios y movimientos sociales en distintas provincias. Las movilizaciones respondieron principalmente al aumento del precio del diésel y a la aplicación de normativas restrictivas, entre otros reclamos ciudadanos. Fundamedios advierte que el desarrollo de las protestas ha estado marcado por la represión policial, criminalización de líderes sociales y agresiones contra la prensa.

Durante estos 20 días las agresiones han afectado a 15 periodistas, 8 trabajadores de la comunicación, 6 organizaciones de la sociedad civil, un medio de comunicación y un ciudadano.

Las formas de violencia más recurrentes son los ataques físicos (21 casos), seguidos de 6 vulneraciones a la libertad de asociación, 2 restricciones al acceso a la información, 1 caso de censura y 1 de uso abusivo del poder estatal.

La mayoría de los agresores vienen de agentes estatales (22 casos) —principalmente miembros de la Policía Nacional—, mientras que 8 casos han sido perpetrados por actores no estatales, como manifestantes. Un caso permanece sin identificar.

Pichincha concentra, hasta el momento, más de la mitad de las agresiones (16 casos), seguida por Cotopaxi (6), el espacio digital (4), Imbabura (2), Azuay (2) y Carchi (1). En cuanto al género, 9 mujeres y 18 hombres han sido víctimas directas de ataques a la libertad de expresión y asociación.

Entre los casos más graves, Fundamedios destaca: durante la jornada del paro nacional en Quito, el 05 de octubre, varios periodistas fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional. Golpes, patadas, empujones con las motos, gas pimienta en el rostro fueron las agresiones que enfrentaron los comunicadores mientras cumplían su trabajo. (Ver alerta)

En Quito y Latacunga, periodistas de Teleamazonas, Ecuavisa y Radio Pichincha fueron atacados con piedras, palos, bengalas y el asta de una bandera durante transmisiones en vivo. El reportero Paúl Romero (Ecuavisa) fue golpeado mientras cubría la ruta E35. (Ver alerta)

La suspensión de la señal de TV MICC, en Cotopaxi, el 23 de septiembre (al día siguiente del inicio del paro) afectó a un medio comunitario indígena, silenciando la transmisión sobre la situación de las comunidades movilizadas (Ver alerta).

En Cuenca, la periodista Nicole Torres (Camaleón) fue intimidada por un coronel de la Policía. Y el fotoperiodista Santiago Buestán fue detenido violentamente y despojado de su material gráfico, pese a identificarse como comunicador  (Ver alerta).

Durante la cobertura de la movilización estudiantil en la Universidad Central, el 30 de septiembre, varios periodistas también fueron agredidos por la Policía Nacional. Los ataques incluyeron lanzamiento de gas lacrimógeno y golpes físicos, afectando directamente la labor periodística. (Ver alerta)

Fundamedios considera que estas agresiones reflejan un patrón sistemático de ataques contra la prensa y la sociedad civil, con predominancia de acciones estatales, lo que compromete gravemente el rol del Estado como garante de derechos fundamentales.

Fundamedios hace un llamado urgente para que se cese de inmediato cualquier agresión y hostigamiento, para que se restablezcan las garantías ante el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y asociación. También es imperante que se investigue y se sancione a los responsables de estos ataques, incluyendo agentes estatales.

El respeto a los derechos humanos es indispensable para proteger la democracia y garantizar que la protesta social pacífica pueda ejercerse sin represalias en Ecuador.

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