Diego Soto, Director de Unidad Popular de Imbabura, consideró que las medidas económicas tomadas por el gobierno son más peligrosas que la misma pandemia, porque son dos golpes contundentes a la enferma economía de las clases populares.
La Ley de Apoyo Económico en complicidad con los asambleístas de AP- CREO- Avanza- ID impusieron un paquete de reformas laborales que afectan a los trabajadores del sector privado, pues faculta a los empresarios a reducir los salarios hasta en un 45% y vulnerar su estabilidad laboral, aseveró.
Señaló que la segunda medida de reducción de la jornada de trabajo y de sus salarios es perjudicial para la clase obrera, para los maestros que se les recortará el 12,5% de su salario; el gobierno insiste en despedir a 8.000 funcionarios del Estado y retoma la liberalización del precio de los combustibles, que prácticamente significa la eliminación del subsidio a los combustibles.
“No negamos la profunda crisis económica que impacta al Ecuador, pero tampoco se puede facturar el costo de la crisis a los trabajadores; mientras piden comprensión ante las medidas anunciadas, la corrupción sigue y las élites son beneficiadas con les que les permiten sobre explotar a trabajadores y evadir contribuciones económicas”, enfatizó Soto.
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