El Estado debe buscar mecanismos legales adecuados para regular la actividad y las concesiones mineras, respetando las políticas públicas que se han implementado para impedir que mafias operen en el sector de Buenos Aires, en Imbabura, y que no afecten los derechos humanos de los ciudadanos que buscan trabajar honradamente, subrayó el legislador Marcelo Simbaña.
El parlamentario denunció que existen verdaderas mafias que operan en Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura y que, presuntamente, estarían vinculados ciertos funcionarios que laboran en el sector minero estatal.
Al momento en la zona, que contiene algún mineral aurífero, trabajan cerca de cinco mil personas, quienes viven en condiciones infrahumanas y han formado un campamento hecho de plástico, que no cuenta con elementales servicios.
Según el legislador Simbaña, “se va a convertir en una bomba de tiempo”, porque en una población que agrupaba a cerca de mil personas, ahora supera las cinco mil y, por tanto, el Estado debe intervenir para aplicar la ley y evitar problemas posteriores en lo legal y ambiental.
Dijo que en esa zona de actividad minera ilegal y artesanal se coima a camioneros, hay tráfico de influencias y planteó que sería necesario un proceso de mediación entre la población, los mineros informales y la empresa canadiense-australiana Hanrine-Ecuadorian Exploration&Mining, para evitar un estallido social.
Simbaña denunció, además, que a la Agencia de Prensa Minera, por haber investigado las condiciones en las que se desenvuelve la zona, le robaron todos sus equipos, borraron su página digital y amenazaron la seguridad y vida de sus colaboradores.
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