Luego de cinco años y tres meses de producidos los hechos del 30S, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Imbabura, resolvió declarar culpables a ocho policías quienes fueron acusados de paralizar un servicio público, lo cual está prohibido en la Constitución.
En la Audiencia Pública celebrada en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, el fiscal Edgar Pacheco consideró que los policías protestaron frente a la Subjefatura de Policía de Otavalo, impidiendo a los ciudadanos el acceso al interior de la institución.
Ante esto, pidió que fueran juzgados de acuerdo con el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este hecho con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
Entre las evidencias que mostró la Fiscalía estaban los informes de pericias de audio y video, así como el de identidad humana, que permitió individualizar a los responsables del delito.
El Fiscal expuso los testimonios de peritos y periodistas que se encontraban presentes en el lugar durante la protesta. Al finalizar la audiencia, la Corte emitió una resolución que sanciona a los detenidos con un año de pena privativa de libertad, por el cometimiento de este delito contra la seguridad pública. (Fuente el comercio.com)
