David Rosero, Consejero del Consejo de Participación Ciudadana, expresó su profunda indignación y preocupación por la opacidad y negligencia del Gobierno Nacional en el plan de vacunación para mitigar los efectos de la COVID-19.
Añadió que este proceso ha provocado el malestar ciudadano que observa los escándalos de aprovechamiento de las escasas vacunas por parte de altos funcionarios del Gobierno y sus familiares, mientras miles de ecuatorianos ubicados en primera línea de atención ante esta pandemia, así como la población vulnerable no encuentran el camino idóneo para acceder a este derecho humano.
Indicó que la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia en la Fiscalía General, misma que requiere ágil respuesta y una activación de la Función de Transparencia, que en este caso debe actuar de en medio de una articulación de las instituciones que la conforman para ejercer acciones de control.
“Es imperativo enfrentar todo vicio de corrupción y promover acciones que contribuyan a determinar responsables de esta crisis moral y ética que sacude al actual régimen. Es importante activar todas las facultades constitucionales y legales para sancionar de manera ejemplificadora a quienes haciendo gala de su cuarto de hora de poder se han burlado de nuestro pueblo. Jugar con la vida no tendrá perdón ni olvido”, sostuvo Rosero
