El Estado ecuatoriano tiene responsabilidad en el asesinato de la Subteniente del ejército Aidita Ati, quien murió en el fuerte militar Napo, esa es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión especial de la Asamblea Nacional que investigó el caso ocurrido en julio del 2024
Según los asambleístas existe responsabilidad del Estado en la muerte de la oficial por la violación de derechos a la seguridad, protección y acceso a la justicia.
De acuerdo al informe , las Fuerzas Armadas fallaron en la aplicación de los protocolos de violencia de género, control y supervisión de eventos sociales en un recinto militar; la Fiscalía no cumplió su deber de investigar con diligencia y por archivar el caso sin agotar todas las líneas investigativas, lo que generó impunidad.
La Comisión recomendó entregar una compensación económica a la familia de la Subteniente Ati, que las Fuerzas Armadas ofrezcan disculpas públicas; iniciar un juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la Fiscal , Diana Salazar.