Comisión especializada busca mecanismos para proteger a la educación particular

Dirigentes de gremios y asociaciones de las instituciones de educación particular hicieron reparos a la posibilidad de revisar las tablas salariales de los docentes del sector y homologarlas a nivel de lo público, lo que llevaría al colapso y cierre de escuelas y colegios, más aún cuando tienen una significativa cartera vencida.
Discutir a fondo la problemática
El legislador Marcelo Simbaña, encargado de la temática, dijo que es importante conocer, a profundidad, la problemática de los centros de educación infantil, media y bachillerato, para encontrar soluciones consensuadas, acorde a la realidad de cada uno. Aclaró que no se ha establecido ningún texto respecto de la posibilidad de equiparar el sectorial de docentes del sector público con el privado.
Situación grave
Rómulo López, de la Confederación de Establecimientos Católicos del Ecuador, argumentó que las entidades funcionan en base del aporte de padres de familia, los que en muchos casos han perdido sus empleos y han visto reducidos sus sueldos. Tenemos una crisis financiera grave. Sin embargo, el Ministerio emite decretos que generan mayor temor y confusión, añadió.
La pandemia les afectó duramente y si bien se adaptaron a la modalidad virtual, intentando cumplir con el currículo del Ministerio, esta modalidad no es la adecuada para los niños en esta etapa de sus vidas, ya que necesitan la exploración, experimentación, palpar, socializar. Sugirió fijar esquemas de contratación más flexibles por horas, por servicios profesionales.
Sandra Naranjo, del Ministerio de Trabajo, indicó que la institución emitió el Acuerdo 395, en 2019, que establece las escalas y los mínimos sectoriales, perteneciendo el 20 al área de educación. En tal sentido, manifestó que cualquier modificación del cálculo debe considerar la afectación que podría conllevar.
Guillermo Oñate, rector del Colegio San Gabriel; Ricardo Orellana, de la Confedec; y Galo Zamora, experto en educación particular de Imbabura, insistieron que no es el momento oportuno para reformas que generarían graves implicaciones económicas para financiar la educación.

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