La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad conoció y analizó el enfrentamiento que se produjo el pasado martes entre la Fuerza Pública y los habitantes de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ante esto la mesa elaboró una resolución, un comunicado de respaldo y el próximo viernes, 6 de agosto, los comisionados realizarán una vista a la comunidad.
El asambleísta Mario Ruiz, fue quien expuso el problema. Antes de su intervención mostró un video en el que se registró el enfrentamiento entre uniformados y miembros de la localidad, quienes rechazan la minería. Cuestionó que a pesar de que existe una medida cautelar que protege a los habitantes de la zona, la policía, jueces y fiscales actúan en contra de la población y favorecen los intereses de capitales internacionales, en este caso de la empresa minera Hanrine Ecuadorian, mencionó.
Así mismo dijo que dicha empresa presentó, en Quito, una medida de protección en la que expresan que se vulneran sus derechos porque no les dejan ingresar a la zona para efectuar su trabajo. Además, informó que el juez que lleva la causa le ha dado al Gobierno, un plazo de ocho días, para que autorice el ingreso de la empresa minera a la localidad. El legislador sostuvo que hay un proceso de amedrentamiento y castigo a la comunidad.
Resolución
La mesa aprobó una resolución, en la cual condena el abuso de autoridad y extralimitación de la fuerza, en contra de la población de La Merced de Buenos Aires, la madrugada del 3 de agosto de 2021, dentro del operativo tendiente a resguardar el ingreso de la empresa minera Hanrine Ecuadorian.
Rechaza la criminalización de la lucha social por parte de las autoridades en contra de los comuneros, dirigentes, activistas y luchadores sociales que defienden los derechos de la naturaleza en la provincia de Imbabura.
Exhorta a las autoridades competentes, Gobernación de Imbabura, ministerios de Gobierno, Ambiente y de Energía a iniciar un diálogo serio, transparente e inclusivo en donde se alcancen consensos que permitan solucionar el conflicto socioambiental, en la provincia de Imbabura como consecuencia de las actividades mineras.
También decidió oficiar a los ministros de Gobierno, Defensa, Energía y Ambiente, Gobernador de Imbabura, Comandante General de Policía, Agencia de Control, Energía y Recursos Naturales no Renovables, Contraloría General y Consejo de la Judicatura requiriendo información respecto a la problemática socioambiental que atraviesa Buenos Aires a propósito de las actividades mineras, así como el operativo policial efectuado el 3 de agosto.
Dejó constancia que la Comisión respeta la independencia interna y externa de la que goza la Función Judicial, y la presente resolución no busca interferir en la administración de justicia. Además, solicitó que la Contraloría envíe los informes respecto a las concesiones mineras en Buenos Aires.
Afectados
Lucía Chicaiza narró los hechos sucedidos el martes pasado. Indicó que la comunidad pidió que no les agredan, les escuchen y respeten el derecho a la resistencia, pero que les amenazaron con prisión. “La Policía resguardó la empresa y no al pueblo, nos atacaron, nos patearon, nos echaron gas y pasó la empresa”, expresó.
Andrés Armas dijo que a Buenos Aires ingresaron el martes a la madrugada cerca de 500 policías haciendo uso de la fuerza. Destacó que son una población de paz y que la comunidad no necesita de la minería para salir adelante.
Luis Muñoz señaló que la empresa minera ya entró una vez con amenazas a la comunidad y vulnerando los derechos de los habitantes. Solicitó ayuda urgente a la Comisión para que se defienda el derecho a la resistencia.
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