Este viernes 24 de julio, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, continuó en el análisis de la situación laboral de los servidores públicos afectados por la aplicación de los Decretos Ejecutivos emitidos por el Presidente de la República, el 19 de mayo de 2020 y por los cuales se disponen la extinción de las empresas públicas.
Andrés López, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que coordina el proceso de liquidación, subrayó que trabajan y articulan acciones con los responsables de cada una de las empresas públicas en liquidación, para evitar que se afecte los derechos de los empleados.
Garantizó un proceso organizado y transparente, así como mantener un canal permanente de comunicación. Enfatizó que “no podrán seguir manteniendo a los trabajadores, esa es la realidad, las empresas públicas no son ajenas a lo que está sucediendo en el país”, acotó.
El gerente de Correos del Ecuador, Byron Madera Valencia, informó que tienen una nómina de 770 personas y que están realizando acercamientos para articular el traspaso ordenado de los trabajadores con discapacidad a otras instituciones, y que las liquidaciones aún están pendientes de pago.
De su lado, José Adrián Zambrano Montesdeoca, gerente general de Siembra EP, tras aclarar que el proyecto de desvinculación tanto del Código de Trabajo como de la Losep lo maneja EMCO, confirmó su salida de la gerencia de dicha empresa. Mientras que la gerente general de Ferrocarriles del Ecuador, quien estaba invitada a la reunión, se excusó por estar presentando su renuncia irrevocable.
Esteban Riofrío, gerente general de Tame, informó que al momento existen 398 funcionarios activos que están en proceso desvinculación. Dijo que para cumplir con este proceso deben realizarse exámenes médicos, mismos que hasta el momento no se pueden hacer porque no cuentan con los recursos económicos que bordean los cien mil dólares. Además, que la segunda fase de desvinculación será de 200 personas, en este mes de julio.
Los legisladores señalaron que estarán vigilantes para que no se vulneren los derechos laborales y se solidarizaron con las familias de los trabajadores de las empresas públicas que se quedan en el desempleo.
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