Atentado contra el pudor contra 44 escolares deberá ser reparado simbólicamente

“En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”, es la leyenda que deberá rezar en la placa que debe instalarse en el aula donde 44 niños y niñas, entre 9 y 10 años de edad, sufrieron atentado contra el pudor.

Esta historia sucedió en el periodo lectivo 2010 – 2011, en el aula de 6to. y 7mo. de educación básica, en un colegio ubicado al sur de Quito.

El victimario fue su profesor, tutor y dirigente, José N. Contra él ya pesa una sentencia ejecutoriada de 7 años y la obligación de indemnizar a cada víctima con 10.000 dólares.

Mayra Soria, fiscal especializada en delitos de Violencia de Género de la Fiscalía Provincial de Pichincha, litigó este caso. En su exposición y con pruebas irrefutables demostró -en audiencia de juicio y después en apelación a la sentencia ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha- que José N. es culpable.

El tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, conformado por Vladimir Jhayya, Ivón Vásquez y Julio César Obando, que conoció esta causa en audiencia de juzgamiento en marzo del 2016, otorgó a las víctimas el derecho a la reparación integral solicitado por la fiscal Mayra Soria, con base en el artículo 78 de la Constitución.

Esto es que en máximo un año a partir de la ejecución de la sentencia, se debe colocar la placa en ceremonia  pública en un lunes, donde asistirán como invitados los padres de las víctimas, representantes del Ministerio de Educación y también del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- en Ecuador.

El 23 de mayo del 2016, el fallo de los jueces de primera instancia fue ratificado por la Sala Penal de la Corte Provincial, conformado por los jueces José Miguel Jiménez, Patricio Vaca y Maritza Romero. Al momento se considera la sentencia como ejecutoriada, ya que José N. no ha solicitado otro recurso para refutar su condena.

La sentencia determina que la Cartera de Educación debe ser notificada para que en el Estado se establezcan “políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso de personal docente y administrativo”.

En cuanto a la institución educativa, el aula que ocupó el 6to. y 7mo. C -donde los estudiantes fueron despojados de su derecho a la intimidad sexual e integridad psicológica-  deberá convertirla en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartirán charlas de prevención contra la violencia infantil. Esto a más de colocar la placa.

“Es el reconocimiento al derecho a la verdad, a la reparación simbólica para las víctimas del abuso del poder, en este caso, en el ámbito educativo. Es lo que quieren los padres de las víctimas, que se conozca su verdad”, dice la fiscal Mayra Soria.

44 adolescentes, entre hombres y mujeres de 14 y 15 años, ahora alcanzaron justicia. A sus 9 y 10 años, cuando cursaban el sexto y después el séptimo año de educación básica, su profesor, tutor y dirigente, José N., en horas de clase, cometió en todos ellos atentado contra el pudor.

So pretexto de impartir clases de sexualidad en la materia de Ciencias Naturales, José N. (contador de profesión) obligaba al grupo de estudiantes a su cargo a ver películas pornográficas, bajo el discurso de que “estas son las relaciones sexuales, esto es  lo que van a hacer de grandes” y después de verlas les obligaba a imitar las escenas.

Cuando los niños y niñas se negaban, el profesor les pegaba, les lastimaba con la punta del compás, les quemaba la piel con los morteros del laboratorio de Ciencias Naturales.

Antes de cometer este delito en beneficio de su placer sexual, hizo que los padres de familia pusieran cortinas en el aula, que los niños lleven el televisor y el reproductor de video.

Esta cruda historia fue la teoría del caso que construyó la fiscal Mayra Soria con base en los testimonios de ocho de las víctimas. “Ejerció sobre los niños agresión física, sicológica y sexual, a través de intimidación como el de matar a sus padres porque él tenía las direcciones de los domicilios y más de una vez visitó las casas de las víctimas. Esto dejó afectaciones físicas y sicológicas”, manifestó.

El profesor fue llamado a juicio el 30 de octubre del 2012, por atentado al pudor, contemplado en el artículo 504.1 del Código Penal anterior, pero como estaba prófugo se suspendió la audiencia de juzgamiento, hasta que fue detenido el 17 de septiembre del 2015, en el sector de Solanda, al sur de Quito.

“Lamentablemente no existe la figura de atentado al pudor masivo, grupal, porque es lo que sucedió. La institución educativa, guardó un silencio cómplice del delito. Ahora deberá colocar una placa para reconocer públicamente que los hechos sucedieron y difundir la verdad histórica de lo que ocurrió en esa aula de clases”, concluyó  la fiscal Soria.

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