Jorge Corozo Ayoví, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, junto a los legisladores José Chalá y Lenin Plaza, demandó del Estado el cumplimiento de los estamentos legales que establecen la garantía de los derechos del pueblo afrodescendiente, así como su inclusión social, con una mirada de equidad e igualdad de condiciones.

“No es suficiente el ofrecimiento de disculpas públicas de la Escuela Militar (que se cumplirá el próximo lunes 10 de julio). Este caso es una oportunidad para denunciar la discriminación racial, y una invitación a continuar la construcción de una sociedad incluyente e inclusiva en todos los niveles de la vida pública de la nación”, subrayó.

Sobre esta misma línea se pronunció José  Chalá, representante de Imbabura. Mencionó que el Decreto Ejecutivo 60 constituye el principio rector para denunciar prácticas racistas en el Ecuador. “Nuestro país es plurinacional e intercultural. Así lo determina la Carta Magna y, nosotros, como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la norma constitucional”, aseveró.

El decreto reza que la diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificarla, ni en la teoría ni en la práctica.

Indicó, además, que el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural es una política pública que institucionaliza el combate contra el racismo y favorece la construcción de una sociedad intercultural.

Contexto del caso

Tras la denuncia del caso de discriminación que sufrió Michael Arce, la Defensoría del Pueblo inició investigaciones y concluyó que afectaron los derechos a la integridad personal.

Desde 2012, diversas instancias de la administración de justicia han intervenido hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia, dependencia que ratificó la sentencia por el delito de odio, y que ordenó el cumplimiento de la pena al infractor, que va desde atención psicológica, pago de daños y perjuicios, hasta la publicación de la sentencia y las disculpas públicas de la Esmil.

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