El Pleno del Legislativo, con 89 votos, ratificó que mediante Resolución RL 2021-2023-115, del 18 de noviembre de 2022, fueron destituidos Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo Macías y Hernán Ulloa Ordóñez, como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional.
También rechazó cualquier tipo de interferencia e intimidación por parte de cualquier función del Estado u otra acción que pretenda menoscabar la atribución de fiscalización y control político de los actos del poder público que tiene la Asamblea Nacional; y, dispuso que la Presidencia del Legislativo coordine con las áreas técnicas y con la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional acciones en vías administrativas y judiciales, con el fin de hacer respetar las decisiones del Parlamento.
Además exige a la Fiscalía el irrestricto respeto a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República, que determina que los asambleístas no son civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, razón por la cual, cualquier tipo de acción que se pretenda tomar en ese sentido carecerá de eficacia jurídica; e, investigue los actos de usurpación y simulación de funciones públicas, que desde el 18 de noviembre de 2022, están realizando los antes citados ciudadanos, exconsejeros del CPCCS.
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