Varios asambleístas presentaron proyecto de Ley que fortalece mecanismos de respuestas institucionales para garantizar la seguridad de sus habitantes.
Con el propósito de responder con acciones concretas y en el ámbito de sus competencias, asambleístas de la banca de Alianza PAIS y Aliados, presentaron un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El objetivo es fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad del Estado, la vida de sus habitantes, las fronteras y soberanía nacional, así como, el combate al crimen organizado transnacional.
Según Silvia Salgado, la propuesta tiene como antecedente el compromiso que asume la Asamblea Nacional y, en particular el bloque PAIS y Aliados, frente a las condiciones actuales.
La propuesta guarda coherencia con el anuncio hecho por el presidente Lenín Moreno, que es plantear un Sistema Integral de Seguridad y definir un Sistema de Inteligencia que garantice la protección de la soberanía, sobre todo, la protección de los derechos ciudadanos.
Otro aspecto importante, recalcó la legisladora, es articular una nueva institucionalidad, toda vez que el propio ministerio Coordinador de Seguridad no está vigente y es parte de la Ley, como también la propia condición de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Pero ante todo, dijo, es establecer herramientas al gobierno nacional en función de que el Estado en su conjunto asuma como una política, el tema de la seguridad integral.
Adelantó que, paralelamente, la Ley de Desarrollo Fronterizo que fue vetada totalmente por el Ejecutivo podría ser nuevamente analizada, a fin de establecer mecanismos, crear instrumentos, instituir el orden jurídico para afianzar una cultura de paz, promover el desarrollo socio económico en los cantones fronterizos del Ecuador y sus respectivas parroquias rurales.
Según el documento, se define de manera clara el alcance de la seguridad integral, que involucra las acciones para la seguridad pública y del Estado. Además, se incorporan los principios de coordinación con el propósito de asegurar la eficiencia y eficacia administrativa, a fin de evitar la duplicidad de funciones y alcanzar objetivos superiores de seguridad.
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