Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción presentada por el legislador de la provincia de Imbabura, Fernando Jaramillo, mediante la cual se rechazan los actos de violencia y los daños ocasionados contra bienes públicos y privados, al constituir un grave atentado contra la paz social, la convivencia democrática y la seguridad ciudadana.
Asimismo, las acciones de ataque perpetradas contra la red de distribución de agua potable ubicada bajo el puente de Rumipamba, en la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, por constituir una grave afectación al derecho humano al agua, a la seguridad de la población y a la infraestructura pública estratégica del país.
La resolución ratifica el compromiso de la Asamblea Nacional de velar por la defensa del derecho humano al agua, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la protección de los bienes públicos estratégicos, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.
El legislador Fernando Jaramillo precisó que la protesta es legítima dentro del marco constitucional y jurídico; sin embargo, no puede derivar en actos que generen caos, como ocurrió en la provincia de Imbabura.
En el debate, Esteban Torres sostuvo que “secuestrar policías y militares no es justicia indígena; usar cohetes artesanales y bombas molotov, cortar servicios de agua y sitiar ciudades no es protesta”. Señaló que la Asamblea debe enviar un mensaje en favor del orden, la paz y el diálogo.
Por su parte, Héctor Rodríguez manifestó que nada resulta más violento que los problemas de salud en el país. Defendió los derechos establecidos en la Constitución de la República, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma.
De su lado, Andrés Guschmer enfatizó que el ataque a la tubería de agua potable constituye un atentado contra la vida y contra el corazón del pueblo.
El tema también fue abordado por los asambleístas Pablo Jurado, Viviana Veloz, Xavier Ordóñez, Juan Andrés González y Keeven Gallardo. Entre las opiniones se exhortó al diálogo como vía para encontrar soluciones frente a las consecuencias de las movilizaciones.
Comisión General
En esta sesión, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a la dirigente barrial de la ciudad de Ibarra, Narcisa Flores, quien confirmó la rotura de la tubería de agua potable en el sector de La Esperanza, ocasionada por los manifestantes. Exhortó a que no se adopten acciones que perjudiquen a las mayorías.
A su vez, la madre de familia Consuelo Ruiz señaló que, como resultado de las manifestaciones, su emprendimiento quedó sin clientes durante 10 días. “Los cierres viales no solo paralizan la economía, sino también la vida de los imbabureños”, afirmó.
También Gabriel Morales, del cantón Cotacachi, expuso la difícil situación que atraviesan los moradores debido a las protestas, que ocasionaron el cierre de negocios y del mercado. Aseguró que se sintió “encarcelado en su propia casa”. Las principales ciudades afectadas fueron Otavalo, Atuntaqui e Ibarra.
