Con 78 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional recomendó continuar con las mesas de diálogo sectoriales organizadas por el Gobierno Nacional, con la participación representativa de los sectores sociales, económicos y productivos directamente involucrados en los decretos ejecutivos N.º 125 y 126.
Asimismo, exhortó a los órganos judiciales a dar trámite y resolución urgente a los procesos relacionados con el comercio ilícito de combustibles.
Esta decisión se adoptó tras conocer el Programa de Redistribución de Recursos y la entrega de incentivos sociales, como respuesta al nuevo cálculo del precio de venta al público del diésel en USD 2,80 por galón, establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 126, vigente desde el 13 de septiembre de 2025.
El tratamiento del tema fue propuesto por el legislador Esteban Torres, quien recordó que los subsidios a los combustibles se aplican en el país desde el gobierno del presidente Guillermo Rodríguez, hace 51 años. Torres precisó que estos subsidios han representado para el Ecuador un gasto de 33.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Señaló que existen recursos “mal usados, porque se han destinado a la minería ilegal, al tráfico de combustibles y, además, a sectores vinculados al narcotráfico”.
Frente a esta situación, destacó la importancia de la redistribución de recursos dirigida a compensaciones para transportistas, el bono Raíces, el Bono de Desarrollo Humano, la construcción de zonas de descanso para transportistas, el crédito 7×7, entre otros mecanismos. Subrayó que, con la eliminación del subsidio, el Estado dejará de gastar 1.640 millones de dólares hasta diciembre de 2026.
El legislador Mario Zambrano coincidió con esta postura y resaltó que los incentivos propuestos llegarán a los sectores productivos más vulnerables, como mecanismos de redistribución.
En cambio, la legisladora Annie Muñoz advirtió que la medida constituye un “golpe duro a la producción ecuatoriana” y exhortó a reformularla, a fin de evitar un aumento de la desigualdad.
