La propuesta crea mecanismos que permitan al Gobierno Central recuperar parte del beneficio generado por la realización de obras públicas de su competencia; soluciona problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de obras públicas impulsadas por el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros aspectos.
Distintos criterios se emitieron en la sesión 428 del Pleno. La Legisladora María Augusta Calle resaltó la importancia de la ley, argumentando que marca reglas claras en el proceso de contratación pública y se pone techos a contratos complementarios.
De su lado, el legislador René Caza manifestó que la contribución especial permitirá al gobierno central recuperar inversiones por mejoras por la ejecución de obras públicas, lo cual aumenta la plusvalía de propiedades que se encuentran en su alrededor. Resaltó el modelo de la economía popular y solidaria que crea fuentes de trabajo, incentiva productividad, genera riqueza y pidió que se tome en cuenta en la ley a los actores de la economía popular y solidaria.
El legislador Luis Fernando Torres señaló que la normativa prevé un nuevo tributo, con la denominación de contribución especial por mejoras, recursos que irán a la administración pública nacional.
El asambleísta Miguel Moreta expuso su desacuerdo con la contribución especial por mejoras, argumentado que es un impuesto a favor de instituciones públicas. César Umaginga habló de la necesidad de mejorar el sistema de contratación pública para alcanzar eficiencia. Expresó que tan solo 24 municipios del país tienen levantado el informe del catastro.
