A fin de aliviar el sufrimiento de los ecuatorianos que han perdido a sus familiares en el extranjero y de la comunidad migrante, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 129 votos, el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana relacionada con la repatriación de restos mortales.
Según el proyecto, que en las próximas horas será remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción, el Estado costeará la repatriación de restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas.
Este trámite se realizará en razón de un análisis integral; la determinación previa de la situación de vulnerabilidad económica de los familiares de la persona fallecida en el extranjero y en el Ecuador o del solicitante, según corresponda, a fin de evidenciar la falta de recursos económicos suficientes para realizar la repatriación del cadáver.
El asambleísta Ángel Maite, proponente y ponente del informe, tras sustentar el contenido de su propuesta pidió pensar en los ecuatorianos que salen del país y los riesgos que corren en su deseo de buscar una vida digna. Argumentó que el tráfico ilícito de migrantes tiene como principales víctimas a personas que habitan en sectores rurales del país y en ese contexto el Estado debe observar la realidad de los compatriotas que viven en el extranjero y basarse en análisis financieros reales del lugar que residen.
Subrayó que con la reforma la Cancillería podrá regular la repatriación con enfoque de derechos humanos, que la repatriación sea en un máximo de 30 días y que terceras personas también puedan solicitar el trámite de repatriación.
Apoyo financiero y voluntad política
Durante la intervención de los asambleístas Gustavo Mateus, Esther Cuesta, Pierina Correa, Mónica Palacios y Jorge Pinto se habló de los difíciles procesos migratorios que ha vivido el país con sus migrantes, por lo que enfatizaron en la necesidad del apoyo financiero y que impere la voluntad política del Estado. Subrayaron que es oportuno el fortalecimiento de este cuerpo normativo para ampliar el reconocimiento de las personas y el respeto a los principios de igualdad para quienes por alguna razón se vieron obligados a abandonar el país.
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