Con el voto favorable de 107 legisladores, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Eficiencia económica y Generación de Empleo, calificada por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que tiene como objetivo impulsar de manera inmediata el empleo, el incremento de la recaudación tributaria y el incentivo de la inversión.
La asambleísta ponente, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que la norma plantea incentivos tributarios para promover la generación de empleos, un marco legal claro que otorgue seguridad jurídica para la inversión a través de Asociaciones Público – Privadas, que mejoren la infraestructura y los servicios; y, el fortalecimiento de las Zonas Francas para impulsar el comercio y la producción.
Afirmó que este proyecto de Ley “no representa un paquetazo para los ecuatorianos, sino que viene a alivianar la carga fiscal y poner dinero en los bolsillos de la gente en una dinámica ganar – ganar”.
Entre otras cosas, el articulado establece que las nuevas inversiones en proyectos turísticos de mínimo 100 mil dólares gozarán de una exoneración del impuesto a la renta de esa inversión por un período de 7 años; al menos el 10 % de los proyectos deberán destinarse al turismo rural; las nuevas inversiones que se realicen en proyectos enfocados en la transición hacia la generación de energías renovables tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años; y, determina una multa de 1 a 30 remuneraciones básicas unificadas a las personas naturales o jurídicas que no entreguen comprobantes de venta o no transmitan a la Administración Tributaria comprobantes de venta electrónicos.
También otorga la remisión del 100 % de intereses, multas o recargos derivados de obligaciones pendientes de pago relacionadas con créditos educativos otorgados por cualquier institución pública o por el Instituto de Fomento al Talento Humano.
En temas de empleo, el contribuyente que genere incremento de plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años de edad, así como para las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias tendrán una deducción adicional del 50 % respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la Seguridad Social. Además, la deducción será del 75 % si se trata de personas que hayan cumplido una pena privativa de la libertad superior a un año, o a sus cónyuges o parejas en unión de hecho.
Para el fomento del comercio y la producción, la norma establece que los usuarios operadores y usuarios de Zonas Francas gozarán de una tarifa de 0 % de Impuesto a la Renta por los 5 primeros años, posteriormente, gozarán de una tasa fija de 15 % para el pago del Impuesto a la Renta; y, determina que la delegación de servicios públicos o sectores estratégicos a la iniciativa privada es excepcional.
