Los datos sobre la violencia contra el adulto mayor son reveladores. Esta realidad llevó a la Asamblea Nacional a actualizar la normativa que data de 1991 para proteger los derechos de este grupo de atención prioritaria, para lo cual estableció una visión más amplia, con responsabilidad estatal, de la sociedad y la familia.
Datos
Se estima que en Ecuador, actualmente, la población adulta mayor es de un millón 221 mil personas. El 53,13 % corresponde a mujeres y el 46,67 % a varones. Se estima que para el 2021 haya un crecimiento a un millón 358 mil 838 y para 2030, se aproxime a los dos millones de personas.
Según estudios de Gestión de Conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) existen 522 mil 975 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, de las cuales 60 mil 218 se encuentran en situación de extrema pobreza.
En la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Ecuador 2009-2010) se establece que el 7,2 % de las personas adultas mayores ha sido amenazada; el 4,9 % ha sufrido algún tipo de violencia física; el 14.7 % ha enfrentado algún tipo de violencia psicológica; el 3 % ha sido víctima de violencia sexual; el 2.3 % admite haber sido llevado a un asilo de ancianos bajo amenaza; y, el 14,9 % ha sido víctima de negligencia y abandono.
La normativa impulsa el cumplimiento de mecanismos de asistencia, protección, igualdad y no discriminación; orienta políticas, planes y programas por parte del Estado que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento; promueve la corresponsabilidad y participación del Estado, sociedad y familia para lograr la inclusión de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta atención especial, prioritaria y oportuna de toda autoridad e institución en todos los servicios públicos y privados necesarios para garantizar un trato digno, con calidad y calidez.
