El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 115 asambleístas presentes, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de las Personas Adultas Mayores, que busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas, con un enfoque de género, generacional e intercultural.
En el debate, los legisladores enfatizaron en la necesidad que esta ley no quede en “letra muerta”, sino que se haga un seguimiento sobre su aplicación, porque se trata de una normativa que genera políticas públicas orientadas al efectivo goce de los derechos de este grupo social de atención prioritaria.
Dentro de las argumentaciones, mencionaron que la actual Ley del Anciano no está debidamente articulada con la Constitución de 2008, que garantiza la eliminación de toda forma de violencia, abandono, discriminación u odio, por condición de edad, al destacar el principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la atención integral a los adultos mayores.
Igualmente, los asambleístas destacaron que la normativa responde, no solo al texto constitucional, sino a las garantías establecidas mediante tratados y convenios internacionales suscritos por Ecuador, pues será una ley que dará cabida al proceso de inclusión de los adultos mayores en educación, empleo y salud, que son los pilares fundamentales del desarrollo.
Entre las preocupaciones expuestas por algunos parlamentarios está la necesidad de reconocer la obligación del Estado de cancelar a los jubilados los incentivos que aún no se han pagado y que, de acuerdo con los cálculos, esa deuda asciende a más de 1.200 millones de dólares, mientras que el valor presupuestado en este rubro apenas supera los 200 millones de dólares.
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