La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, que busca garantizar, sin discriminación, su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La propuesta prevé la atención integral para víctimas de violación y para la interrupción del embarazo producto de violación, que comprenderá la existencia de protocolos o guías clínicas basados en la evidencia científica; insumos e infraestructura necesaria; profesionales capacitados; servicios apropiadamente difundidos en la comunidad; y, provisión de información completa y veraz. Los estándares de la atención integral deben orientar tanto al profesional directamente involucrado en la atención, como también a quienes tienen a su cargo la gestión de los servicios.
Además, la propuesta determina que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta la semana 22 de gestación; mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante se podrá realizar hasta las 20 semanas de gestación; y, debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
El personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
Tiene como ámbito de aplicación todo el territorio ecuatoriano y será de observancia, aplicación y cumplimiento por toda persona ecuatoriana y extranjera que se encuentre o actúe en este territorio.
Será de aplicación obligatoria por parte de todas las personas operadoras de salud, por los servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud, por las entidades nacionales y locales que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.
