El Asambleísta de Imbabura, Antonio Posso manifestó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente la FAE, han sido objeto de una constante persecución y penalización por los hechos ocurridos el 30-S y que a la Fuerza Pública se les ha quitado infraestructura, empresas, terrenos y otra serie de bienes que se encontraban bajo su control y coordinación.
Entre las acciones en contra de la fuerza pública del país, cito:
La aprobación de la denominada “enmienda” constitucional, mediante la cual cambian la misión fundamental de las Fuerzas Armadas para llevarles, adicionalmente, a cumplir el papel de la Policía Nacional, ámbito para el cual no se prepararon. En este caso, hay que señalar que en forma inconstitucional se reformó previamente una ley secundaria, para cumplir este propósito.
.
Se van eliminando las Agregadurías militares y policiales en el servicio diplomático.
Se eliminan a los Edecanes en el servicio público.
Se les quita el control, coordinación y supervisión de establecimientos educativos.
El gobierno viene impulsando la creación de un “código de Entidades de Seguridad Ciudadana en el que se incluye la formación de una “Policía Civil Armada” que no forma parte de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional pero tiene inmensos poderes, una especie de guardia pretoriana o de choque, al servicio del poder, violando el Art. 158 de la Constitución.
Por defender los recursos del ISSFA la cúpula militar es descabezada ilegalmente, sin cumplir con elementales procedimientos para estos casos.
El gobierno compró helicópteros DHRUV en alrededor de 45 millones y 706 camiones chinos en más de 80 millones para las Fuerzas Armadas; en ambos casos, en medio de graves irregularidades. La Contraloría debería auditar a fondo estos procesos.
Las Fuerzas Armadas y la Policía se deben a la Nación y no deben ser sumisas ante ninguna autoridad, peor aún convertirse en apéndices de partidos políticos gobernantes como ocurre en Venezuela, expresó.
